El TS aclara este 28 de febrero si los gastos hipotecarios deben o no abonarlos los bancos en su totalidad

• El Supremo matizará en una sentencia si corresponde a las entidades financieras satisfacer el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados o debe recaer sobre el cliente hipotecario. 

• Una sentencia de 2015 de la Sala de lo Civil consideró nulas por abusivas las cláusulas que obligan a los clientes bancarios a pagar todos los gastos de una hipoteca

• Diez de las dieciocho audiencias provinciales españolas fallan a favor de los consumidores.

El Tribunal Supremo dará a conocer este miércoles, 28 de febrero, la sentencia en la que aclara si son los bancos o los clientes quienes deben abonar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de una hipoteca. Se trata del mayor gasto, con una media de entre 900 y 2.500 euros, que hasta ahora han tenido que afrontar los consumidores al firmar un crédito hipotecario. 

Leer más...

A juicio por suplantar a otra persona para contratar una línea de telefonía.

Una mujer será juzgada el próximo 9 de marzo en Santa Cruz de Tenerife por usar el nombre y el DNI de otra persona para contratar una línea de telefonía. La empresa Orange efectuó el contrato por teléfono, sin cerciorarse de la verdadera identidad de la contratante y ahora exige una deuda de 334 euros a la denunciante.

En octubre de 2017 Carmen N.T recibió una llamada de Orange en la que le requirió el pago de la deuda. Extrañada, solicitó que le fuera remitido el contrato y las facturas por las que se le reclamaba esa cantidad, ya que las facturas llegaban al domicilio de la suplantadora, Vanesa A.E., que nunca las abonó.

La denunciada contrató no solo la línea para llamadas, sino que también obtuvo una línea de servicios de internet y televisión de pago, incluido un canal de deportes. La denunciante localizó a su suplantadora ya que en las facturas figuraba dónde residía y era el lugar en el que operaba la línea contratada.

“Me abrió la puerta una señora que me dijo que la linea la había contratado su pareja”, explicó Carmen a Legalaria. Después, esta denunciante acudió a una comisaría de Policía Nacional para interponer una denuncia.

Carmen no sabe cómo la denunciada pudo hacerse con sus datos básicos, teléfono y DNI, para contratar la línea, y tampoco se explica cómo Orange no verificó los datos, ya que su cuenta corriente no coincide con la que facilitó la suplantadora y sin embargo es a ella a quien le reclaman el pago de la deuda.

Tampoco se explica cómo la empresa de mensajería entregó un router en la vivienda de la denunciada sin verificar los datos de su DNI.

Además del resultado del juicio que se verá en el juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, la afectada ya ha anunciado que exigirá responsabilidades a la compañía de telefonía y a la de mensajería por negligencia, además de denunciar a la empresa de listado de impagados Asnef por mantener sus datos en ese fichero de morosos pese a haberles hecho llegar la denuncia por suplantación de identidad.

Los juzgados para cláusulas suelo (y otros abusos), en el aire a partir del 1 de enero

Los juzgados especializados en demandas por cláusula suelo y otras condiciones financieras en las hipotecas tienen su futuro en el aire. Fueron creados el 25 de mayo pasado, con entrada en funcionamiento del 1 de junio hasta el 31 de diciembre. Ahora le toca al Poder Judicial, gobiernos regionales y comunidades autónomas acordar su prórroga, lo que se debatirá a partir de lunes, 13 de noviembre.

Los últimos datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial en septiembre pasado revelaban que en los 54 juzgados provinciales creados para conocer llos litigios por abusos bancarios en contratos hipotecarios se habían ingresado ya 57.068 demandas. Dado el ritmo actual, la cifra ya debe superar las 70.000 causas.

El atasco judicial es absoluto, pero fuentes judiciales (de Santa Cruz de Tenerife) consideran que sería mayor el problema si esas mismas demandas debieran repartirse entre los demás juzgados de Primera Instancia, aparte de que se retrasarían otras causas urgentes, como las relacionadas con Familia.

No era de extrañar una avalancha de litigios frente a la banca, no ya por cláusula suelo, sino también por otras condiciones que sentencias del Tribunal Supremo (y miles de sentencias posteriores) han establecido como abusivas en los contratos hipotecarios: comisión de apertura, vencimiento anticipado, gastos de constitución de la hipoteca, y comisiones de demora.

Estos juzgados para demandas contra a la banca corren diferente suerte según al comunidad autónoma de la que dependan y según tengan las competencias sobre Justicia transferidas o no: los hay con siete funcionarios y los hay con solo cinco. Pero además, es el Ministerio de Justicia el que abona los salarios de los/las jueces en todos los casos.

Se sabía que tras la sentencia del Supremo de mayo de 2013 miles de personas reclamarían por las condiciones de su hipoteca. Los dictámenes del Banco de España fueron esenciales a lo largo de 2014 para plantear con garantías una demanda. Tanto fue así que el banco de España se sintió desbordado y necesitó de una empresa externa, Deloitte.

Esas demandas se han multiplicado sin necesidad de la opinión del BdE. Demasiado tiempo de espera, hasta seis meses, para una resolución que encima no es vinculante. El mecanismo establecido por el Gibierno en enero de 2017 para atender las reclamaciones en la vía extrajudicial no era necesario, ya que existía un reglamento de atención al cliente creado por la Unión Europea para las reclamaciones extrajudiciales.

Pero ese plazo se amplió un mes más, de dos meses según el Reglamento a los tres meses del RD 1/2017 para obtener las mismas respuestas de los bancos: “en su caso...no”: Sin duda, las previsiones se han visto claramente superadas.

“El problema es que no hay plan B para dar respuesta a esta avalancha de litigios frente a la banca. Hace unos días hubo una reunión de jueces decanos y muchos coincidimos en la necesidad de dar estabilidad a estos juzgados, dotarlos de los medios que haga falta”, afirma el juez decano de Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis de Lorenzo Bragado.

Para muestra, un botón: en el juzgado de la provincia tinerfeña apenas se han dictado 40 sentencias de los más de 3.000 litigios por abusos bancarios ingresados. “Cuarenta sentencias dictadas desde que inició la medida el 1 de junio no es lo óptimo pero tampoco se pueden hacer maravillas. No se puede pretender que haya una respuesta inmediata porque los plazos procesales son los que son”, recalca el juez decano de Santa Cruz de Tenerife.