Energía - fraudes más frecuentes

Según el estudio realizado por el Instituto Nacional del Consumo (INC), publicado en marzo de 2010, relativo a las consultas y reclamaciones presentadas en las organizaciones de Consumidores y Usuarios, en 2009, en el sector de compañías eléctricas, se registraron, sobre un total de 1.383.276 consultas y reclamaciones (de las cuales un 18,8% fueron consultas y un 81,2% reclamaciones): 52.773.

Por lo tanto el número de Consultas y Reclamaciones de este sector supuso el 3,82 % del total de las tramitadas.

Comparando los datos del 2008 con los del 2009 se ha verificado que la demanda de servicios de asesoramiento y reclamaciones en las organizaciones de consumidores se ha incrementado en un 9,89 %.

En los últimos dos años, los consumidores se han visto afectados por un incremento extraordinario en sus facturas de consumo doméstico, por lo que perciben el proceso de liberalización como un encarecimiento constante e injustificado, lo que ha dado lugar a un aumento muy importante de las consultas y reclamaciones.

La falta de información al consumidor ha provocado el incremento de las consultas y demandas de asesoramiento a las asociaciones de consumidores para la tramitación de sus reclamaciones.
Los consumidores demandan una información completa y comprensible del sistema de facturación y de las facturas en sí mismas así como la posibilidad de elegir la frecuencia de facturación (mensual o bimestral), dada la confusión que existe actualmente; a esto hay que sumar el poco éxito del sistema de reclamaciones en el sector eléctrico.

El consumidor cree que la protección de sus derechos es escasa y se enfrenta a enormes dificultades a la hora de reclamar, como por ejemplo, la imposibilidad o dificultad para acudir al domicilio físico de algunas empresas eléctricas –a veces situadas dentro de una tienda de electrodomésticos- para efectuar su reclamación; la reclamación de errores en la facturación, debido al mal funcionamiento de los contadores; el impedimento de contratar como nuevo usuario si no se hace cargo de las deudas contraídas por los anteriores usuarios; la facturación actual, como hemos dicho, de difícil comprensión para el consumidor, etc.

Una mayor simplificación en la información que se transmite al consumidor o usuario facilitaría la elección libre dentro del mercado eléctrico, con un mayor conocimiento de causa. Un consumidor mejor informado de sus derechos se queja menos y defiende de manera más correcta sus derechos.

Volviendo al proceso de liberalización hay que decir que los cambios hacia la liberalización plena del comercio de la energía eléctrica no son recientes, son fruto de un largo proceso que proviene de la Unión Europea, y que se inició en nuestro país nada menos que en el año 1998.
A pesar de que un gran número de consumidores aún desconozca en qué consiste el mercado libre de la energía eléctrica y qué opciones tiene a su disposición, ya a partir del 1 de enero del año 2003, la opción de elegir un suministrador de energía eléctrica a un precio no regulado por el Gobierno, era posible.

La diferencia fundamental entre el antiguo sistema de mercado de la energía eléctrica, denominado “regulado” o “a tarifa”, y el actual sistema de mercado libre, la encontramos en que, en el primero, el precio de la energía eléctrica venía determinado por una tarifa regulada por el Gobierno y el consumidor debía contratar el suministro de energía con el distribuidor de su zona.

Ahora, en el mercado libre, el consumidor puede contratar el suministro de energía eléctrica, tanto con el comercializador que más le interese en función de los precios libremente ofertados por éstos en libre competencia, como con un comercializador conforme a una tarifa regulada por el Gobierno.

En este contexto, es necesario tener en cuenta que el suministro de energía eléctrica es un servicio considerado de interés económico general, lo que implica una especial protección al consumidor, puesto que los servicios de interés general son prestados con la función principal de mantener la calidad de vida de los ciudadanos, así como para fomentar la cohesión social y territorial; por tanto, es importante que las entidades que prestan estos servicios se atengan a dichas obligaciones de servicio público.

Hay que hacer también una referencia a que, en el reciente mercado liberalizado de la energía eléctrica, al contrario de lo que ocurría anteriormente, se distinguen cuatro actividades necesarias para el suministro de electricidad:

- Generación o producción de energía eléctrica: esta actividad es llevada a cabo por las compañías generadoras, mediante distintos tipos de centrales.

- Transporte: esta actividad la realiza Red Eléctrica de España (REE), y consiste en transportar la energía desde las centrales de generación hasta las estaciones de distribución.
Red Eléctrica de España, en su condición de operador del sistema, garantiza la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de producción y transporte, ejerciendo sus funciones bajo los principios de transparencia, objetividad e independencia. Además, Red Eléctrica es el gestor de la red de transporte y actúa como transportista único, desarrollando esta actividad en régimen de exclusividad (http://ree.es).

- La distribución: actividad a la que se dedican en exclusiva, desde el 1 de julio de 2009, las empresas de distribución, que son las propietarias del cable a través del que llega la energía eléctrica a los hogares de los consumidores y, en algunos casos, de los contadores de medida. 
Por tanto, estas empresas son las encargadas del mantenimiento de las redes y de la lectura de los contadores. Así mismo, deben facilitar un servicio de averías 24 horas, ya que si el consumidor tiene algún problema con el suministro de electricidad deberá dirigirse a la empresa distribuidora.

- La comercialización: esta actividad se realizará por las empresas comercializadoras, quienes facturarán al consumidor la electricidad consumida, ya que desde el 1 de julio de 2009, su función es vender la electricidad que circula por la red y por tanto, con quien el consumidor firmará el contrato de suministro de electricidad.

En consecuencia, de cara a los problemas que puedan surgir con la facturación, el consumidor habrá de dirigirse a la empresa comercializadora.

Respecto a los tipos de tarifas que tiene el consumidor a su elección, el Gobierno ha optado por establecer, de manera transitoria, diversas medidas para evitar consecuencias negativas en determinados colectivos, con el paso del mercado regulado al mercado libre de electricidad.

Actualmente, el consumidor, en función de unas características sobre su situación social y económica y sobre su consumo de energía eléctrica, puede elegir entre diversos tipos de tarifas: la tarifa de último recurso, la tarifa de último recurso con discriminación horaria y el bono social (con la entrada en vigor de la Tarifa de Último Recurso (TUR) desde el 1 de julio de 2009) se puso en marcha el denominado bono social, un mecanismo creado por el Gobierno para proteger a los ciudadanos pertenecientes a determinados colectivos. Se trata de una medida de carácter social diseñada para favorecer a los colectivos más vulnerables y se concreta en la congelación de la tarifa vigente en el momento de la puesta en marcha de la TUR hasta 2012.

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