Los juzgados para cláusulas suelo (y otros abusos), en el aire a partir del 1 de enero

Los juzgados especializados en demandas por cláusula suelo y otras condiciones financieras en las hipotecas tienen su futuro en el aire. Fueron creados el 25 de mayo pasado, con entrada en funcionamiento del 1 de junio hasta el 31 de diciembre. Ahora le toca al Poder Judicial, gobiernos regionales y comunidades autónomas acordar su prórroga, lo que se debatirá a partir de lunes, 13 de noviembre.

 

Los últimos datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial en septiembre pasado revelaban que en los 54 juzgados provinciales creados para conocer llos litigios por abusos bancarios en contratos hipotecarios se habían ingresado ya 57.068 demandas. Dado el ritmo actual, la cifra ya debe superar las 70.000 causas.

 

El atasco judicial es absoluto, pero fuentes judiciales (de Santa Cruz de Tenerife) consideran que sería mayor el problema si esas mismas demandas debieran repartirse entre los demás juzgados de Primera Instancia, aparte de que se retrasarían otras causas urgentes, como las relacionadas con Familia.

 

No era de extrañar una avalancha de litigios frente a la banca, no ya por cláusula suelo, sino también por otras condiciones que sentencias del Tribunal Supremo (y miles de sentencias posteriores) han establecido como abusivas en los contratos hipotecarios: comisión de apertura, vencimiento anticipado, gastos de constitución de la hipoteca, y comisiones de demora.

 

Estos juzgados para demandas contra a la banca corren diferente suerte según al comunidad autónoma de la que dependan y según tengan las competencias sobre Justicia transferidas o no: los hay con siete funcionarios y los hay con solo cinco. Pero además, es el Ministerio de Justicia el que abona los salarios de los/las jueces en todos los casos.

 

Se sabía que tras la sentencia del Supremo de mayo de 2013 miles de personas reclamarían por las condiciones de su hipoteca. Los dictámenes del Banco de España fueron esenciales a lo largo de 2014 para plantear con garantías una demanda. Tanto fue así que el banco de España se sintió desbordado y necesitó de una empresa externa, Deloitte.

 

Esas demandas se han multiplicado sin necesidad de la opinión del BdE. Demasiado tiempo de espera, hasta seis meses, para una resolución que encima no es vinculante. El mecanismo establecido por el Gibierno en enero de 2017 para atender las reclamaciones en la vía extrajudicial no era necesario, ya que existía un reglamento de atención al cliente creado por la Unión Europea para las reclamaciones extrajudiciales.

 

Pero ese plazo se amplió un mes más, de dos meses según el Reglamento a los tres meses del RD 1/2017 para obtener las mismas respuestas de los bancos: “en su caso...no”: Sin duda, las previsiones se han visto claramente superadas.

 

“El problema es que no hay plan B para dar respuesta a esta avalancha de litigios frente a la banca. Hace unos días hubo una reunión de jueces decanos y muchos coincidimos en la necesidad de dar estabilidad a estos juzgados, dotarlos de los medios que haga falta”, afirma el juez decano de Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis de Lorenzo Bragado.

 

Para muestra, un botón: en el juzgado de la provincia tinerfeña apenas se han dictado 40 sentencias de los más de 3.000 litigios por abusos bancarios ingresados. “Cuarenta sentencias dictadas desde que inició la medida el 1 de junio no es lo óptimo pero tampoco se pueden hacer maravillas. No se puede pretender que haya una respuesta inmediata porque los plazos procesales son los que son”, recalca el juez decano de Santa Cruz de Tenerife.

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