El fraude de los sms premium

Los sms premium son unos de los fraudes más descarados que se dan en telefonía. Son esos mensajes de texto por los que el usuario paga hasta 1,45 euros sin recibir nada a cambio, aunque en teoría se acceden a servicios de suscripción como juegos, concursos, lectura de cartas de tarot...'¡¡¡por los que también se paga!!!

Caer en la trampa es fácil, dada la publicidad engañosa de las proveedoras de este tipo de servicios, mediante ganchos como test de inteligencia, la verdadera edad de tu cuerpo, o si se es o no hábil para ligar. Basta con contestar una cuestionario o participar de una votación on line.

El usuario pone su número de móvil, y ya está, a partir de ese momento empieza recibir un bombardeo de sms sin ser muchas veces consciente de que se ha suscrito a un servicio que no quiere y que suele ser carísimo. 

En Legalaria hemos llevado el caso de una mujer que llegó a recibir hasta 73 de estos sms en solo cinco días. En un sólo día, recibió 24, que le costaron nada menos que 102 euros. 

No sólo hay que reclamar a la operadora de telefonía, que en parte es responsable, sino también a la proveedora del servicio, lo que no suele hacerse. 

Lo más grave es que, como en el caso mencionado, los sms premium proceden de diferentes proveedoras, como Servicios Tecnológicos TIM, The Mobile Generation IBV; Interactive 3G S.L y Air Ebites S.L., aunque se supone que solo fueron contratados con DataTalk, por lo que también estamos ante una cesión de datos de carácter personal denunciable ante la Agencia Estatal de Protección de Datos, amén de la práctica engañosa que va contra la Ley de Competencia Desleal, y contra la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. 

Desde 2011, Movistar exige el consentimiento por escrito, acompañado de fotocopia de DNI para permitir el alta en servicios de sms premium, un ejemplo que aún no han seguido las restantes operadoras. Pero quizás la mayor culpable de que el abuso de estos sms se mantenga es la Administración del Estado, en concreto, de la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones, que no ha sabido legislar para evitar el fraude, pese a recibir miles y miles de reclamaciones cada año por estos mensajes de texto.

No sólo eso, sino que como dice la OCU, la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones se inhibe por considerar que se trata de un problema simple y llanamente de consumo. 

 

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