Se acabaron las tasas judiciales...oe, oeee, oeeee

Oee, oeee, oeeee. Sí, se acabaron las tasas judiciales. Lo esperábamos desde que Gallardón salió del Ministerio de Justicia, aunque parece que la noticia se haya preparado con cuidado para dar el bombazo en medio del debate en el estado de la nación. Desde que se publique en el BOE la nueva normativa, lo colgaremos en esta web. 

 

Se acaban las tasas, sí, por fin, para las personas físicas, en todos los órdenes jurisdiccionales,  pero se mantienen para las jurídicas. 

 

En Legalaria hemos vivido en primera persona las dificultades para emprender demandas judiciales en defensa de sus derechos, la mayoría relacionadas con Endesa y la Banca,porque las reclamaciones por telefonía o listas de morosos se pelean y bien en la fase extrajudicial. Y en las reclamaciones patrimoniales o contra aseguradoras, esa fase extrajudicial es esencial. Pero para emprender una demanda judicial, como única vía para  frases como “me lo tengo que pensar”, “tengo que pedir prestado”, “no se si me atrevo” las hemos escuchado a diario. 

 

Por ejemplo, para demandas por cláusula suelo había que tener un fondo bien asegurado de unos 320 euros para que en cuanto Hacienda reclamase poderlos abonar, directamente a la agencia tributaria, en el plazo de 10 días, o no había caso. Eso se ha acabado. 

 

 

Amén de lo que significaba recurrir una sentencia que hubiese que sido contraria en primera instancia: unos 2.000 euros. O que su demanda por despido hubiese sido estimada pero solo parcialmente, lo que le obligaba a desembolsar esa cantidad por suplicación o casación. 

 

El presidente del Gobierno reconoció durante el debate del estado de la nación que al eliminar las tasas judiciales se permitía el acceso a la justicia de una parte de los ciudadanos. Por otra parte, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes, el ministro de Justicia Rafael Catalá afirmó que no se conocía el impacto que la Ley Gallardón ha tenido en el descenso de la litigiosidad, debido a la crisis económica, lo que es una pescadilla que se muerde la cola, ya que con la crisis, las tasas han supuesto un plus que ha impedido litigar. 

 

Y asimismo dijo Catalá que la medida no afectaba a las pequeñas y medianas empresas (personas jurídicas), porque antes de la Ley Gallardón estaban exentas de las tasas, cuando la Ley Gallardón les exime de un 60% de las mismas, y así se quedan.

 

Todavía pueden leer las condiciones por las que se aplican tasas judiciales en la web del Ministerio de Justicia. Por favor, pinchen y lean porque merece la pena recordarlas. Todavía hoy son obligadas si en una separación o divorcio no se presenta la demanda de mutuo acuerdo, aunque haya menores por medio. No basta con que uno demande con el consentimiento del otro. 

 

O cuando un simple ciudadano tenía que demandar a una administración.

 

Por el contrario, las administraciones públicas (hasta cualquier organismo dependiente de ellas) están libres de las tasas. De tal forma que el ciudadano de a pie paga las tasas por una resolución administrativa que cree injusta, si se anima a ir a juicio (imaginen contra Tráfico o Hacienda), pero la Administración no. En una buena noticia que deje de ser así. 

 

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